Como consecuencia del desmantelamiento del sector ambiental en México y la política de “abrazos, no balazos”, con Andrés Manuel López Obrador, el tráfico de vida silvestre a China desde México se expande y se mezcla con drogas, lavado de dinero y el daño a la flora y fauna.
Según la investigación “China: Caza furtiva y tráfico de vida silvestre vinculada a México” de Vanda Felbab-Brown de The Brookings Institution, identificó una tendecia de que los cárteles de Sinaloa y el Golfo intercambian fauna silvestre capturada ilegalmente para obtener materiales para fabricar drogas ilícitas.
“El país, tradicionalmente débil en la aplicación de la regulación ambiental, se ha vuelto esencialmente inexistente en el gobierno de López Obrador que ha destripado aún más la política presupuestaria y recursos de personal de las agencias gubernamentales reguladoras ambientales.
“Por ejemplo, en junio de 2020, la administración de López Obrador recortó en un 75% el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), (…) a cargo de 182 áreas naturales que cubre el 22 por ciento del territorio del país. Otras importantes agencias ambientales, incluida la Comisión Nacional Forestal, también han visto grandes reducciones en sus presupuestos”, explica la investigación dada a conocer en marzo de este año.
Esta investigación se basó en 73 entrevistas a estadounidenses, chinos y mexicanos diplomáticos y funcionarios gubernamentales relacionados al sector; además de biólogos, conservacionistas y representantes de la sociedad civil; además de información bibliográfica. En México se realizaron entrevistas en Baja California Sur, Michoacán y Guerrero.
El documento detalla que la demanda china de especies silvestres mexicanas para el uso de alimentos y la medicina tradicional china es de lagartijas, tortugas, guacamayas, loros, tucanes, “pepinos de mar”, medusas, tiburones y la vejiga de totoaba que mantiene al borde de la extinción a la “vaquita marina”.
“Estos problemas sistémicos se ven agravados por la actitud de la administración de López por no recurrir a ninguna acción de aplicación de la ley que exige el uso de la fuerza visible, especialmente letal, por parte de la legislación mexicana y organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el ejército y la marina
“(…) La estrategia de seguridad de ’abrazos, no balazos’ del gobierno mexicano redujo la acción de aplicación de la ley y en su lugar trata de confiar en el uso de políticas socioeconómicas para abordar el crimen”, se explica.
La investigación de Felbab-Brown asegura que el crimen organizado facilita la cadena de suministro de especies exóticas pues encontró que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación potencian la pesca ilegal en el país en la costa del Pacífico.
De acuerdo con la autora, primero se extorsiona a los pescadores legales e ilegales para exigir que les vendan su producto al precio que ellos elijan, obligan a los restaurantes locales a consumirlos y, por ende, la exportación queda en sus manos.
“Cada vez más en México, la totoaba (vejiga natatoria), otros productos marinos y terrestres, y la madera son utilizados por los cárteles para pagar los precursores necesarios para fabricar drogas ilícitas”, se consigna.
De acuerdo con Felbab-Brown, los carteles también han conectado el robo de gasolina con la industria de la pesca ilegal. Tanto el Cartel de Sinaloa como el Cartel del Golfo revenden el combustible robado a pescadores, grandes y pequeños, en los estados costeros,
“El Sistema UMA (Unidad de Manejo Ambiental) se ha convertido en una zona gris para la extracción ilegal, mediante el permiso y cuotas gubernamentales, y blanqueo de animales furtivos (…) Incluso los grupos del crimen organizado pueden comprar o apropiarse por la fuerza de la tierra y declararla una UMA”, explica el reporte.
Fuente: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/03/FP_20220328_wildlife_trafficking_felbab_brown.pdf
