Entre 2010 y 2012, unas 150 personas fueron asesinada por Los Zetas en una cárcel de Piedras Negras, Coahuila. Las víctimas al parecer fueron llevadas a la prisión, donde los miembros de Los Zetas las asesinaban y a menudo incineraban sus cuerpos en barriles llenos de diésel, conocidos como “hornos”. Los restos eran luego lanzados a un río cercano.
Según una investigación de la Subdivisión de Personas Desaparecidas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2014, el grupo criminal elaboraba chalecos y uniformes en el lugar, modificaba autos para esconder drogas y la zona fue utilizada como refugio y base de operaciones de la organización delictiva.
La tarde del 18 de marzo de 2011, en el poblado de Allende, unos 60 sicarios del cartel derribaron el portón del Rancho de Los Garza. En las siguientes 48 horas desaparecerían por lo menos 42 personas; aunque se estima que fueron 300. El caso fue ignorado hasta tres años después.
En ambos casos surge el nombre de Luis Cresencio Sandoval, actual Secretario de la Defensa Nacional, quien está en la mira de las críticas tras su llamado a sumarse al movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación.
Según una investigación de la revista Proceso, documentos de la Sedena, fechados el 20 y 28 de marzo de 2011, revelaron que los comandantes de la Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila y de la Guarnición de Piedras Negras, entonces bajo el mando de actual titular de Sedena, fueron informados de los secuestros y asesinatos masivos cometidos.
Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y quien también fue acusado de tener nexos con el crimen organizado, señaló que la cárcel de Piedras negras estaba bajo control federal.
En su periodo como gobernador, solicitó a la Sedena que la Fuerza Militar se hiciera cargo de las corporaciones de Policía y Subsecretaría encargada de los centros de readaptación social. Los salarios de los militares, gastos de hospedaje y manutención, eran sufragados por el Gobierno de Coahuila.
“¿Qué resulta del relato? primero el encubrimiento por parte de la autoridad militar superior de los hechos del penal de Piedras Negras y de la localidad de Allende, donde se sabe de una masacre de más de 350 víctimas en el lapso de 2011/12, en la jurisdicción de aquella Guarnición fronteriza, otrora a cargo del general Sandoval González.
“(…) La misión de tutelar la seguridad de la localidad de Piedras Negras incluyendo la del penal, jurisdicción encomendada al general Sandoval González, en su función de policía, o no se cumplió, fue un fracaso, es complicidad o es parte de lo mismo”, cuestionó José Francisco Gallardo Rodríguez, militar encarcelado entre 1993 y 2002 por haber propuesto la creación de un ombudsman militar.
La respuesta del actual Secretario de la Defensa Nacional fue que no correspondía a sus actividades.
“Las responsabilidades de las guarniciones en aquellos momentos no eran las que ahorita se tienen. Las guarniciones militares no tienen una responsabilidad operativa, sino es una responsabilidad administrativa”, fue su respuesta el 6 de julio de 2021, cuando se dio a conocer la investigación.
Este 20 de noviembre, Sandoval sí trasgredió su responsabilidad al pedir sumarse al movimiento de la 4T.
“Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de Nación que está en marcha”, aseveró.
Su frase viola el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana que prohíbe al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente.
