Con la propuesta de que la milicia participe en decisiones de ciencia y tecnología, las fuerzas armadas, bajo las sombras pasadas de Salvador Cienfuegos y malos manejos financieros, toman cada vez más tareas en México: una abierta militarización desde el Gobierno Federal encabezado por Andrés López Obrador.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha tomado parte de la construcción del trazo del Tren Maya, además de la edificación del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”, en Santa Lucía.
Desde 2018, las nuevas labores de los uniformados van desde cuidar la migración, estar presentes en el transporte y aplicación de las vacunas contra el covid-19; hasta construir las mil 600 sucursales de los llamados Bancos del Bienestar, que son los encargados de dispersar los apoyos de los programas sociales.
La Marina controla la vigilancia y, ahora, administración de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, lo que valió que un integrante del Gabinete, Javier Jiménez Espriú, renunciará. La creada Guardia Nacional tiene disciplina castrense.
Las fuerzas armadas también recibieron un aumento de casi el mil por ciento en los fideicomisos a su cargo, y que no desaparecieron, al pasar de 5 mil 40 millones de pesos en 2018 a 48 mil 779 millones de pesos en 2020. Además operarán y administrarán los recursos del Tren Maya.
Sumado a esto, la sombra de Salvador Cienfuegos, Secretario de Defensa con Enrique Peña, y acusado de narcotráfico y liberado por López Obrador, sigue presente en la actual administración de la autodenominada Cuarta Transformación.
Personas cercanas a Cienfuegos se mantienen en puestos clave del ejército: El General André Foullon, actual subsecretario de la Defensa Nacional, fue protegido por Cienfuegos; Gabriel García Rincón fue en el sexenio pasado Comandante de la Segunda Región Militar en Baja California y ahora es el Inspector y Contralor de la Sedena.
Agustín Radilla, es el actual Oficial Mayor de la Sedena y por quien pasan los gastos y decisiones administrativas centrales-. Con Cienfuegos fue Comandante de la Séptima Zona Militar en Nuevo León. El General Alejandro Saavedra, que dirigía la 35 Zona Militar en Chilpancingo cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, ahora es el encargado de los beneficios sociales de la tropa desde el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM).
El ex Comandante de la 22 Zona Militar en el Edomex, José Luis Sánchez León, hoy es Director de la Industria Militar. Cuando las ejecuciones de civiles en Tlatlaya, uno de los casos más graves de violación a derechos humanos en la gestión de Cienfuegos, Sánchez León era el responsable en la zona.
Los malos manejos financieros en esta administración de la Sedena han sido comprobados: según la Auditoría Superior de la Federación en 2020 la dependencia gastó 32 mil 175 millones de pesos y solo hizo públicos una quinta parte de ellos. En 2019 se le detectaron irregularidades por 246 millones de pesos. La mayoría de sus contratos es por adjudicación directa.
La escalada de militares en la vida pública no ha pasado desapercibida: el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Nacionas Unidas, Guillermo Fernández-Maldonado, expresó que la partipación de las fuerzas armadas en muchas tareas crea una preocupación en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional, en su “Informe 20/21”, asegura que el actual gobierno ha desplegado más miliares en la estrategia de seguridad que las administraciones presidenciales anteriores.
El Presidente de México aseguró que las acusaciones de militarización carecen de lógica.
“No se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie”, dijo el pasado 30 de marzo.
