“¡Pido apoyo! ¡En Puerta del Carmen! ¡Nos están balaceando, son rojos! ¡De favor! ¡Nos están disparando en Llano grande en Puerta del Carmen!”, fueron las últimas palabras, rodeadas del sonido de disparos, de un policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México luego de ser emboscados en Coatepec Harinas.
El policía formaba parte de un convoy integrado por elementos de la dependencia y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En los hechos, ocurridos a las 13:00 horas aproximadamente, murieron 8 policías y cinco agentes ministeriales.
No es la primera vez: de julio a octubre del 2020, autoridades de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno han sido emboscados en la carretera Toluca-Altamirano y en las comunidades de Yebucivi y Sexta Manzana en Almoloya de Juárez. Por ello murieron 5 uniformados y dos menores de edad.
Las balas y los muertos son síntomas de una enfermedad que sufre la parte sur del Estado de México desde hace décadas.
La relación de esa zona mexiquense con la droga comenzó en la década de los setenta en el municipio de Luvianos: en el mercado de los martes se subastaban costales de marihuana que venían de los primeros sembradíos de la zona ubicados en Zacazonapan en la comunidad conocida como Los Tres Reyes y el otro en las inmediaciones del llamado Peñón de Temascaltepec.
A los llamados “burreros” se les daban de 20 a 40 mil pesos por llevar la carga a la capital mexiquense. En ese tiempo los costales se transportaban en camiones de mercancías, así como en unidades del servicio público de pasajeros.
La zona es ideal para la actividad por su geografía, por sus rutas de acceso y tener conexión con Michoacán, Guerrero y el Valle de Toluca, capital del Estado de México. En aquellas décadas, la droga no tenía implícito el peligro, era un negocio sencillo.
Los problemas comenzaron en 2007. Según la investigación “Crimen organizado en Sierra de Nanchititla: un viaje a través de las escalas implicadas en el desarrollo turístico sustentable” de Irma Luz Ramírez de La O, Gabino Nava Bernal, Maribel Osorio García y Sergio Franco Maass, ese año se instaló formalmente el narco.
“Regionalmente, la llegada del narcotráfico pudo ocurrir en 2007, con La Familia y Los Zetas instalándose en el Estado de México, tejiendo redes con la policía; más tarde aparecieron los Beltrán Leyva, y hoy en la región se encuentran los 3 cárteles, por estar en la ruta de transporte de mariguana y amapola cultivadas en las sierras de Nanchititla, tarasca y guerrerense”, consigna la investigación.
El negocio se volvió complejo y, a la compra y venta, se adhirieron los enfrentamientos entre grupos, las negociaciones con las autoridades y por ende “levantones”, asesinos a sueldo, la quema de propiedades de aquellos que no cooperan, cobro por siembras.
“Hay ejecuciones sangrientas, especialmente cuando no está el ejército; muchas personas están involucradas; una vez hubo 50 muertos en la carretera Toluca-Tejupilco, pero no lo dicen los noticieros; cuando pobladores se involucran con un grupo, otro los mata”, dice una parte del texto que recabó testimonios de pobladores de aquella zona. Para 2010, los enfrentamientos fueron entre “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios” y “Los Guerrero Unidos”.
A 10 años, el problema se recrudece. En octubre del 2020, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, reconoció que en la zona se encontraba “La Familia Michoacana” con el “Cártel Jalisco Nueva Generación”. Dos de siete carteles que disputan el Estado de México.
“El sur del Estado de México raya en un problema de ingobernabilidad”, reconoció ante los diputados locales.
La ingobernabilidad la define el Estado y la gobernanza el narcotráfico: la palabra “narco” está prohibida: se les conoce como “los señores”, “los malos” o “la maña”. El pronombre a utilizar es la tercer persona del plural, “ellos”, jamás la primera, “nosotros”.
Actualmente, además del tráfico de drogas, dominan la caza de venado, la pesca en los ríos o presas, definen los precios de la canasta básica y los materiales de construcción, pueden inhibir las señales de celular a su paso, son más visibles con sus armas en sus camionetas, intervienen directamente en los ayuntamientos de la zona en materia política y administrativa y dirimen problemas entre particulares como horarios de fiestas, infidelidades o algún otro inconveniente doméstico.
Con gobiernos municipales rebasados, el Gobierno Federal y Estatal carecen de la estrategia para enfrentar la situación. Los habitantes de la zona se dividen entre el temor y el respeto. Los pobladores, ante ambas variables, guardan silencio. Son habitantes de por lo menos 24 municipios.
Este lunes, Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, realizó una ceremonia luctuosa en homenaje a los policías caídos. Recibió airados reclamos por parte de los padres de los uniformados muertos. El desconcierto en su rostro fue evidente.
Iván Chávez Espejel, abogado de los uniformados, explicó al término de la ceremonia, que los elementosen la zona carecen del armamento necesario, los ayuntamientos no tienen capacidad de respuesta y algunas viudas de otros caídos no han recibido el apoyo prometido.
“La zona sur requiere una política pública diferente; que incluya el hecho de que los delicuentes viven en esa zona. No se combaten 300 personas armadas, sino que se combaten a más de mil halcones que cobran de forma quincenal. Esa zona tiene una gran representación económica ligada a los delicuentes. Se necesita más inteligencia.
“(…) La zona sur del Estado de México, junto con la zona de Guerrero, es a través de la agricultura como se mantienen, no podemos combatir la delicuencia con operativos esporádicos. La seguridad pública en esa zona se maneja de manera diferente que a la del Valle de Toluca o del Valle de México. (…) Los policías no conocen esa zona, no son de allá los que cubren”, explicó.
Hoy las cualidades de gobierno son ejercidas por manos ajenas.
